España no es un estado de derecho. En primer lugar porque no hay igualdad ante la ley. En efecto, desde la aprobación de la nueva legislación feminista los hombres acusados de un delito de violencia de género tienen que demostrar su inocencia. Se invierte así la carga de la prueba, conculcándose el principio de ser inocente mientras no se demuestre lo contrario. Las mujeres en España disponen así de un privilegio legal respecto de los ciudadanos varones. Si no hay igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, estamos en un Estado con porciones de la población privilegiadas legalmente, lo que nos retrotrae al sistema del Antiguo Régimen. En segundo lugar, en España hay una acumulación estratificada de leyes, decretos y normas legales de distinto rango que se superponen a lo largo de los dos últimos siglos, creándose un entramado legislativo en el que, muchas veces, es posible encontrar una norma que diga "A" y otra que afirme "no A", igualmente vigentes ambas. Con lo que los jueces pueden decidir sobre un mismo asunto en formas diametralmente opuestas, estando ambas decisiones legales amparadas por la ley. Así, de facto, en multitud de asuntos, los jueces pueden decidir arbitrariamente sus sentencias, con lo que no es de extrañar que, cierto día, Alfonso Guerra dijera que la separación de poderes estaba superada. Efectivamente, España no es un estado de derecho. Es nuestro Estado, pues, un híbrido entre el Antiguo Régimen y el Estado moderno. Alguna vez se dijo que España es un Estado social y democrático de derecho. Creo que se puede acortar la definición y decir: "España es, (actualmente), un Estado social."